La expresión “criptoactivos soberanos” agrupa perspectivas diversas que están revolucionando la forma en que los Estados gestionan sus recursos y su política monetaria.

Conceptos básicos del ecosistema digital

Un criptoactivo es una representación digital de valor o derechos que se almacena y transfiere mediante tecnologías de registro distribuido, sin necesidad de una autoridad central. Se valida por consenso y criptografía, ofreciendo transparencia y seguridad criptográfica avanzada.

Dentro de esta familia distinguimos:

• Criptomonedas públicas como Bitcoin, que operan sin emisor soberano.
• Stablecoins privadas vinculadas a monedas fiduciarias, diseñadas para mantener estabilidad de precio.
• Monedas digitales de banco central (CBDC), emitidas por bancos centrales como pasivo, moneda soberana en forma digital.

Adicionalmente, las CBDC pueden ser mayoristas o minoristas. Las mayoristas facilitan la liquidación interbancaria, mientras que las minoristas permiten la distribución directa al público, potenciando la inclusión financiera.

El término “criptoactivos soberanos” abarca tanto el uso de estas tecnologías por parte de los Estados como la emisión de monedas digitales propias y la tokenización de instrumentos de deuda.

Motivos que impulsan el interés estatal

Los gobiernos exploran los criptoactivos por múltiples razones, que van más allá de la simple especulación:

• Diversificación de reservas estratégicas para reducir la dependencia de unas pocas divisas tradicionales.
• Inclusión financiera y reducción de costes de remesas, especialmente en economías con alta dependencia de envíos de dinero desde el extranjero.
• Autonomía monetaria y geopolítica, como cobertura ante sanciones o turbulencias en los mercados globales.
• Innovación y posicionamiento como hubs cripto, atrayendo inversión tecnológica y fortaleciendo el sector financiero.

En Latinoamérica, las remesas representan más del 10% del producto interno bruto de varios países. Adoptar Bitcoin permitió a El Salvador reducir comisiones hasta en un 8% por transacción, transfiriendo mayor valor a sus familias.

Por otro lado, sanciones económicas han llevado a países vulnerables a considerar reservas en Bitcoin como cobertura estratégica, disminuyendo la exposición al dólar y evitando bloqueos de activos.

Entidades como la Autoridad de Mercados de Suiza o la Autoridad Financiera de los Emiratos Árabes Unidos promueven marcos regulatorios que convierten a sus jurisdicciones en centros de innovación financiera.

Experiencias internacionales de uso soberano

Varios países han avanzado en proyectos concretos, cada uno con sus objetivos y desafíos.

El Salvador fue pionero en 2021 al adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. La medida buscó reducir costes de remesas, aumentar la inclusión financiera y diversificar reservas. Se habilitó una billetera digital oficial y se impulsaron “Bitcoin Towns” para atraer turismo especializado.

Aunque en 2025 se eliminó la obligación de aceptación para comercios, el Gobierno mantuvo una reserva de más de 6.330 BTC, equivalente a más del 1% de su PIB y con una apreciación superior al 130%. Sin embargo, la volatilidad del activo y las críticas del Fondo Monetario Internacional han generado un intenso debate sobre su sostenibilidad.

La República Centroafricana siguió ese camino en 2022, pero revirtió la decisión ante limitaciones tecnológicas e infraestructura insuficiente. El caso subraya la necesidad de crear capacidades logísticas, educativas y de conectividad antes de adoptar cambios radicales.

Como variante, algunos gobiernos exploran la minería estatal o público-privada. Por ejemplo, Bután ha estudiado utilizar excedentes de energía hidroeléctrica para la minería de Bitcoin, generando ingresos adicionales y optimizando recursos energéticos.

Propuestas legislativas y reservas estratégicas

Más allá de los ejemplos citados, numerosos países estudian marcos regulatorios y proyectos de reserva:

Brasil propone que la gestión de su reserva estratégica soberana de Bitcoin sea responsabilidad del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, buscando un equilibrio entre innovación y control fiscal.

En Suiza, la iniciativa ciudadana plantea una enmienda constitucional para diversificar reservas, mientras que en Polonia la discusión se centra en atraer talento tecnológico y posicionar al país como líder en finanzas descentralizadas.

El rol de las stablecoins y la tokenización de deuda

Además de las criptomonedas públicas, los Estados exploran stablecoins y bonos tokenizados:

Las stablecoins con respaldo estatal podrían operar sobre infraestructuras públicas, garantizando agilidad y transparencia. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos introdujeron un sistema de licencias que exige respaldo 1:1 en activos líquidos.

La tokenización de bonos soberanos permitiría emitir instrumentos de deuda directamente en blockchain, reduciendo costes de emisión, mejorando la trazabilidad y acercando la inversión global a proyectos nacionales.

Desafíos y consideraciones críticas

A pesar de las ventajas potenciales, existen riesgos y obstáculos que no pueden subestimarse:

• Volatilidad del mercado, que puede poner en peligro la estabilidad macroeconómica y la previsión presupuestaria.
• Brecha digital y falta de infraestructura en regiones con limitada conectividad y educación financiera.
• Coordinación regulatoria, ante la ausencia de estándares globales y posibles conflictos entre jurisdicciones.

También es imperativo considerar la gobernanza de las plataformas, la ciberseguridad y el respeto a la privacidad de los usuarios. Sin protocolos sólidos, se corre el riesgo de comprometer la confianza ciudadana.

Conclusión: un futuro en construcción

Los criptoactivos soberanos representan una oportunidad transformadora para la financiación estatal, ofreciendo diversificación de reservas, reducción de costos y mayor inclusión financiera. Su potencial va más allá de la especulación, proponiendo soluciones reales a desafíos estructurales.

Sin embargo, su implementación debe ser gradual y acompañada de un marco regulatorio claro, inversión en infraestructura y campañas educativas. Solo así se podrá asegurar un despliegue responsable, que enlace innovación tecnológica con responsabilidad fiscal y social.

La colaboración entre gobiernos, sector privado y organismos multilaterales será clave para moldear un sistema financiero más inclusivo, transparente y resiliente. El desafío está lanzado: los Estados deberán decidir si asumen el reto de reinventar sus finanzas públicas en la era digital.